Ya en la década de los años ochentas del siglo que pasó, muchas voces se alzaron para poner la oferta de órganos y tejidos humanos a la altura de la demanda creciente. En la primera semana de marzo de 2000, José Antonio González, secretario de Salubridad y Asistencia en México, compareció ante la televisión para informar que la dependencia a su cargo presentaría una iniciativa de ley para que la "donación" de órganos se transformara en una práctica "semi-obligatoria. Afortunadamente este señor fracasó en su intento por socializar los cadáveres ¡en medio de la competencia del mercado!... Las leyes sobre la materia decretadas en 1991 aprobaron la expropiación por las autoridades sanitarias de las partes humanas de personas desconocidas y modificaron la definición de "cadáver", ampliándola a los cuerpos con "muerte cerebral" o "traumatismo craneoencefálico". Ya sabemos ahora, en medio del mercado libre --donde ganar más baro es el fin--, de qué forma esas leyes estimularon los crímenes "quirúrgicos" (aquellos que sólo provocan la "muerte cerebral", dejando sanos e intactos los órganos y tejidos) entre esa masa de "desconocidos" llamados trabajadores migrantes. Las sepulturas colectivas en Tamaulipas, halladas hace meses, en los que madres centroamericanas dieron con los restos de sus hijos, fueron una evidencia al respecto.
(Información tomada de La Tecla Indómita, #18, marzo de 2000).
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